POR UN CENSO LIMPIO,
UN VOTO LIBRE Y SEGURO
Petición ciudadana al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, con copia a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión de Venecia y a la OSCE/ODIHR.
FOR A CLEAN ELECTORAL REGISTER,
A FREE AND SECURE VOTE
Citizen petition to the Government of Spain, the Congress of Deputies, the Central Electoral Commission and the Electoral Census Office, with copies to the European Commission, the European Parliament, the Venice Commission and the OSCE/ODIHR.
La existencia de un censo limpio y seguro, conforme a ley, es fundamento y presupuesto de toda elección democrática. Por ello, pedimos:
Primero, al Gobierno: respeto a las resoluciones judiciales.
1. Cumplir de forma íntegra, inmediata y leal la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo, sin pretextos ni interpretaciones que la vacíen de contenido. Es inadmisible en un Estado miembro de la Unión Europea que el Gobierno alegue que no puede ejecutar una resolución judicial.
2. Respetar las resoluciones judiciales, y que el Tribunal Constitucional no opere como última instancia jurisdiccional, avivando un conflicto institucional-electoral impropio de una democracia europea.
3. Dar instrucciones inmediatas y por escrito a consulados, Oficina del Censo Electoral y juntas electorales para identificar a los electores afectados y aplicar la suspensión en cada fase del proceso.
4. Publicar el número exacto de electores afectados y los datos de solicitudes, concesiones e inscripciones en el censo por consulado.
Segundo, garantías en las urnas: que ningún voto de dudosa procedencia o legalidad se mezcle en ningún momento con el resto.
5. Identificación previa de los electores afectados en las listas que usan consulados, mesas y juntas electorales.
6. Separación en todo momento: sobre, urna y saca diferenciados, sin que esos votos se depositen ni se transporten nunca junto al resto.
7. Exclusión del escrutinio, sin abrir ni contar. Todo voto de un elector afectado que llegue a un consulado o junta electoral debe quedar fuera del escrutinio, precintado y sin abrirse ni contabilizarse, haciendo constar el número de sobres excluidos en un acta específica ante los interventores de todos los partidos.
8. En países sin garantías democráticas, voto solo en urna en el consulado. Que los electores del CERA residentes en Estados no democráticos solo puedan votar presencialmente, en la urna del consulado, y no por correo: no podemos fiarnos de los servicios postales de países que no cumplen los estándares democráticos mínimos.
9. Una auditoría independiente del CERA, la observación de la OSCE/ODIHR con atención al voto exterior y el acceso por parte de todos los actores electorales a los datos reales y actualizados durante todo el proceso.
10. Una solución definitiva en la próxima legislatura y control europeo de las nacionalizaciones masivas. Que las próximas Cortes Generales aborden una reforma de consenso (legislativa y, en su caso, constitucional) para dar una solución estable al voto exterior, incluida la posible creación de una circunscripción exterior, evitando que votos sin arraigo territorial alteren el último escaño de las provincias. Hasta ese momento, la reintroducción del voto rogado. Que cualquier proceso de nacionalización masiva deba notificarse previamente a las instituciones de la Unión Europea, dado que otorga automáticamente la ciudadanía europea.
Lo que está pasando
La "ley de nietos" ha generado más de 1,3 millones de solicitudes de nacionalidad, y el censo de españoles en el exterior (CERA) ha pasado de 2,29 a 2,77 millones de electores desde 2022. El 10 de septiembre, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por esta vía por un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia del proceso electoral, y mantuvo la medida para el 29-N. Aun así, la documentación de voto se está enviando a todos los inscritos, de modo que papeletas de personas con el voto suspendido van a circular.
El voto es secreto: un sobre que entra en la urna con los demás ya no se puede identificar ni retirar. Si se mezclan, solo queda aceptar un resultado dudoso o anular votos legítimos. La única garantía real es preventiva: separar esos votos desde el principio.
Lo que dice Europa: la Comisión de Venecia
Los tratados internacionales y europeos que España ha firmado exigen elecciones auténticas, censos fiables y garantías contra el fraude. El informe de la Comisión de Venecia sobre el voto en el extranjero (CDL-AD(2026)029, aprobado este mes de octubre tras examinar unos 60 países) lo concreta: el voto desde el extranjero no es un derecho absoluto y puede condicionarse por ley a vínculos efectivos con el país; los Estados deben ejercer controles estrictos sobre la composición de los censos y la identificación de los votantes; el voto a distancia necesita garantías específicas contra el fraude, como el doble sobre o la copia del documento de identidad, y la observación de todas las fases de proceso.
Una cuestión europea
La Unión funciona porque cada Estado miembro confía en que los gobiernos de los demás salen de elecciones inobjetables, y porque conceder la nacionalidad de un país miembro otorga automáticamente la ciudadanía europea y los derechos que conlleva en toda la Unión. Cualquier sombra sobre el censo español o sobre nacionalizaciones masivas sin control erosiona esa confianza, debilita a España en Bruselas y da argumentos a quienes quieren desacreditar la democracia europea. La Unión ha exigido garantías de Estado de derecho a otros Estados miembros; España debe dar ejemplo y tomar en serio lo que dicen la Comisión de Venecia y sus propios tribunales.
Por la limpieza de nuestras elecciones, por la confianza entre europeos y por el Estado de derecho, firma y comparte.
A clean, secure and legally compliant electoral register is the foundation and prerequisite of every democratic election. We therefore call for the following:
First, to the Government: respect for judicial rulings.
1. Fully, immediately and faithfully comply with the interim suspension ordered by the Supreme Court, without excuses or interpretations that deprive it of its substance. It is unacceptable in a Member State of the European Union for the Government to claim that it cannot enforce a judicial ruling.
2. Respect judicial rulings, and ensure that the Constitutional Court does not act as a court of last resort, fuelling an institutional and electoral conflict that is incompatible with a European democracy.
3. Issue immediate written instructions to consulates, the Electoral Census Office and electoral commissions to identify the affected voters and implement the suspension at every stage of the process.
4. Publish the exact number of affected voters, together with data on applications, approvals and electoral register entries by consulate.
Second, safeguards at the ballot box: no vote of doubtful origin or legality must ever be mixed with the rest.
5. Prior identification of affected voters on the lists used by consulates, polling stations and electoral commissions.
6. Separation at all times: separate envelopes, ballot boxes and ballot transport bags, ensuring that these votes are never deposited or transported together with the others.
7. Exclusion from the count, without opening or counting the ballots. Any vote cast by an affected voter that reaches a consulate or electoral commission must be excluded from the count, sealed and left unopened and uncounted. The number of excluded envelopes must be recorded in a separate official report in the presence of representatives of all political parties.
8. In countries without democratic safeguards, voting must take place in person at the consulate. Spanish citizens registered in the CERA electoral register who reside in non-democratic states should only be allowed to vote in person at the consulate, not by post. We cannot trust the postal services of countries that fail to meet minimum democratic standards.
9. An independent audit of the CERA electoral register, OSCE/ODIHR observation with particular attention to overseas voting, and access for all electoral stakeholders to accurate, up-to-date data throughout the entire process.
10. A definitive solution in the next parliamentary term and European oversight of mass naturalisation processes. The next Spanish Parliament should undertake a consensus-based reform, legislative and, where appropriate, constitutional, to provide a stable solution for overseas voting. This should include consideration of a dedicated overseas constituency, preventing votes without a territorial connection from determining the final seat allocated in provincial constituencies. Until then, the previous requirement to apply to vote (voto rogado) should be reinstated. Any mass naturalisation process should be notified in advance to the institutions of the European Union, given that it automatically confers European Union citizenship.
What is happening
The so-called Grandchildren's Law (Ley de Nietos) has generated more than 1.3 million citizenship applications, and the electoral register of Spaniards living abroad (CERA) has grown from 2.29 million to 2.77 million voters since 2022.
On 10 September, the Supreme Court ordered the interim suspension of voting rights for those who had acquired Spanish nationality through this route, citing a "well-founded, real and serious danger" to the objectivity and transparency of the electoral process. The Court maintained the measure for the 29 November election. Nevertheless, voting documentation is being sent to everyone on the register, meaning that ballot papers belonging to people whose voting rights have been suspended will be circulating.
The vote is secret: once an envelope enters the ballot box alongside the others, it can no longer be identified or withdrawn. If these votes are mixed together, the only options left are to accept a questionable result or invalidate legitimate votes. The only genuine safeguard is preventive: these votes must be kept separate from the outset.
What Europe says: the Venice Commission
The international and European treaties signed by Spain require genuine elections, reliable electoral registers and safeguards against fraud.
The Venice Commission's report on out-of-country voting (CDL-AD(2026)029), adopted this October after examining approximately 60 countries, sets out these principles in concrete terms: voting from abroad is not an absolute right and may, by law, be subject to effective ties with the country; states must exercise strict controls over the composition of electoral registers and the identification of voters; and remote voting requires specific anti-fraud safeguards, such as double envelopes or copies of identity documents, as well as observation of every stage of the process.
A European issue
The European Union functions because each Member State trusts that the governments of the others emerge from elections beyond legitimate doubt, and because granting the nationality of a Member State automatically confers European Union citizenship and the rights that come with it throughout the Union.
Any cloud over Spain's electoral register or over mass naturalisation processes lacking adequate oversight undermines that trust, weakens Spain's position in Brussels and gives ammunition to those seeking to discredit European democracy.
The Union has demanded rule-of-law safeguards from other Member States. Spain must set an example and take seriously the positions of the Venice Commission and its own courts.
For the integrity of our elections, for trust among Europeans and for the rule of law, sign and share.